Las consecuencias de la crisis económica-financiera mundial siguieron impactando en la población menos favorecida.  Por ello nos parece interesante reseñar las propuestas de la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú) para poder aliviar en algo esta difícil situación que todos afrontamos:

        La CGTP parte de constatar que “La crisis ha puesto al descubierto que el paradigma que privilegia a las exportaciones en desmedro del mercado interno, idea que parte del falso supuesto que el mercado mundial es infinito, ha fracasado. Hay que volver a discutir la relación entre mercado interno-externo. La experiencia señala que a mayor mercado interno, mejor es la situación para enfrentar la crisis.” (p.2)

        Plantea que “un enfoque de género en las soluciones es imprescindible” (p.4) y también la necesidad de “sincerar” el plan anti-crisis del gobierno, pues sostienen que “de los 10,032 millones de soles anunciados, al menos el 40% ya estaba programado presupuestalmente.”

        Igualmente señala la necesidad de mejorarlo para hacerlo más equitativo pues nos dice que  “El plan puede resultar inequitativo porque mayoritariamente se concentra en inversiones públicas orientadas a grandes empresas y en mejorar las condiciones de este sector, prestando poca atención a la agricultura y las MYPES, donde trabajan la mayoría de peruanos, igualmente por no atender el empleo y los salarios, y mantener un gasto social reducido” (p.4)

        Vemos que coinciden con la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza(MCLP), cuya propuesta presentamos en nuestro boletín virtual  Nº 7. Es así que señalan que su “propuesta va dirigida esencialmente a proteger a los sectores más pobres y desprotegidos del país, evitando el aumento en las cifras de pobreza y mejorar las redes de protección social, la educación y la salud.  La defensa del empleo y los salarios, es también un objetivo fundamental, así como el aumento del gasto social” (p.5)

        En cuanto a política social, proponen dos tipos de programas:

• En zonas donde se están perdiendo empleos masivamente, “programas que combinen la necesidad de las familias de tener un sostén económico con la mejora de la infraestructura pública, mediante la construcción y mejora de caminos rurales, infraestructura de riego, colegios y centros de salud pueden generar cientos o miles de empleos temporales”.

• Para campesinos y ganaderos proponen programas de transferencias en dinero, tipo el Programa Juntos, buscando evitar que estas familias pobres se vean “obligadas a vender a precio de remate los animales que con tanto esfuerzo han juntado, o que los niños sean sacados del colegio para trabajar” (p.5)

        Proponen también un aseguramiento universal en salud y seguridad social para los ancianos, coincidiendo con otras iniciativas que plantean que, al igual que en Chile, Costa Rica, Brasil y Bolivia, se otorgue una pequeña pensión a los ancianos que no perciben ingresos. Su propuesta incluye también “un mayor impulso al plan de reconstrucción a la zona sur, afectada por el terremoto” (p.6)

       Afirman rotundamente que “Defender el empleo y los salarios debe ser una prioridad ante la crisis”  (p.7) Al respecto señalan que “De los 14 millones de PEA, solo 4 millones son asalariados. El resto son autoempleados. Ahora, la gran masa vive de lo que les venden a los asalariados; por lo tanto, la mejora salarial es la mejor forma de transmitir ingresos a los campesinos y a los informales. La disminución de la producción y los despidos se produce fundamentalmente por falta de demanda, y aumentar el salario mínimo puede ayudar a recuperar la demanda.” (p. 11).

        En esta mirada coinciden con el especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Francisco Verdera, quién señaló que “la remuneración mínima vital cayó en poder adquisitivo el año pasado, por ello se debería recuperar lo perdido y preservar los salarios reales”.

        Por ello no dejan de ser preocupantes los frecuentes cuestionamientos que diversos economistas (Bruno Seminario, Farid Matuk, Humberto Campodónico, Eduardo Zegarra, César Peñaranda, Richard Webb, etc.) están haciendo sobre el trabajo que actualmente realiza el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), cuyo jefe actual, Renán Quispe,  fue el Sub-Director durante casi toda la década del noventa (9 años), época en que el INEI era muy conocido por “cocinar” las estadísticas de acuerdo al gusto del gobierno fujimorista.

        Actualmente se cuestiona:

a.- La forma como se está midiendo el Producto Bruto Interno (PBI). Como sabemos dicho índice mide toda la riqueza (en bienes y servicios) que un país produce en un año.  Dicho dato nos permite saber qué tanto nos está impactando la crisis. Ante diversos cuestionamientos frente a los datos entregados para los meses de enero-abril, nos hemos enterado de que la actual dirigencia del INEI cambió la metodología apenas fue nombrada por el gobierno actual.

        Bruno Seminario, Profesor de la Universidad del Pacífico ha hecho los cálculos comparando la nueva metodología con la antigua y concluye que “la diferencia es apreciable, en el mes de marzo, por ejemplo, el INEI reportó un crecimiento de 3.3% mientras que con la antigua metodología se hubiese obtenido un valor de -1.71%, es decir hay una diferencia de –4.76 puntos porcentuales”

        Farid Matuk, jefe del INEI durante el gobierno de Toledo dice que el cambio en la metodología “busca crear una ilusión de crecimiento para engañar a la población”.

        Richard Webb, criticando la poca transparencia de las cifras dijo “¿Por qué se repite que el Perú se está salvando de la recesión mundial? El PBI peruano no se está recuperando. Tampoco es exacto que ´crece pero a un menor ritmo´. Desde hace seis meses la economía se viene achicando”

b.- La forma cómo se está midiendo la pobreza. Matuk señala que es un contrasentido que se den cifras de disminución de la pobreza, cuando al mismo tiempo “a partir de información oficial, que hasta el presente no ha sido adulterada, tenemos que el porcentaje de personas que no consumen  las calorías necesarias para sobrevivir de 29% en el 2007 a 32% en el 2008. Por ello resulta absurdo que la pobreza se haya reducido, mientras más peruanos están muriéndose de hambre”

        Y agrega: “También es absurdo que mientras en Lima Metropolitana se tenga un 20% de las personas sin consumir las calorías esenciales para vivir, se informe que la pobreza extrema es 1%.  Estos resultados sólo pueden ser obtenidos fraguando las cifras originales a través de métodos vedados por la ciencia”.

        Nos dice Matuk, que a diferencia del gobierno anterior, con este gobierno “los programas de cómputo que debieran permitir replicar los resultados no están disponibles, y no por razones de seguridad de Estado, sino porque revelarían cómo se han fraguado estas cifras de reducción de la pobreza”. Y agrega “Por ello resulta imprescindible que los próximos resultados de la pobreza, así como los anteriores, estén acompañados de los programas de cómputo que permitan replicar los resultados oficiales”.

        Los diversos cuestionamientos de Matuk le han valido ser enjuiciado civil y penalmente. Actualmente afronta cinco juicios al respecto.  Recordemos que sus primeros desencuentros vienen por el Censo del 2005, que fue cuestionado por el Presidente García, quién obligó al INEI a realizar un nuevo censo en el 2007.  Los resultados de ambos censos difieren en un 1%, estadísticamente hablando, nada.

        Zegarra señala que “Lo adecuado en esta delicada coyuntura es que el INEI y las autoridades empiecen a mostrar las estadísticas de producción y crecimiento en forma más útil y transparente para la ciudadanía. En este caso, es mejor que el INEI publique tanto la serie tradicional, como una ajustada por tendencia (como hace con las cifras de empleo por ejemplo), de tal forma que podamos medir tendencias importantes en el corto plazo (seis meses) y no caer en espejismos estadísticos que no son una buena guía para actuar eficazmente en una de las peores crisis internacionales que nos ha tocado vivir”.

        La preocupación por cómo se están llevando las estadísticas del país ha motivado que la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proponga que la elección del Jefe del INEI pase por el Congreso y no dependa como ahora sólo del Ejecutivo.

        Habría que recordar a los responsables gubernamentales lo afirmado en la Comisión de Estadística de la ONU el 10/12/03: “Las estadísticas oficiales constituyen un elemento indispensable en el sistema de información de una sociedad democrática y proporcionan al gobierno y al público datos acerca de la situación económica, demográfica, social y ambiental. Con este fin, los organismos oficiales de Estadística han de compilar y facilitar en forma imparcial estadísticas de comprobada utilidad práctica para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a mantenerse informados”.

        La Defensoría nos recuerda que “Las prácticas discriminatorias en la vida cotidiana perjudican sustancialmente la conformación de una sociedad democrática e inclusiva en nuestro país. La discriminación sitúa a las personas en categorías de valoración distinta, generando exclusión, inequidad y la negación de diversos derechos fundamentales (p.7). 

        A continuación señala que hay avances en la lucha contra la discriminación y nos dice que “hasta marzo del 2009, un total de 20 municipalidades distritales y 14 municipalidades provinciales de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Junín, Lambayeque, Lima y Piura, así como dos gobiernos regionales (Apurímac y Lambayeque) han emitido ordenanzas contra la discriminación” (p.101).

        Pero también nos dice que lamentablemente desde el estado no hay una respuesta integral y articulada para atender este tipo de problemática  Por ello señala que “es imprescindible que se fortalezcan los mecanismos de prevención y sanción de las prácticas discriminatorias en todos los niveles y ámbitos: una lucha tan importante y urgente como ésta, requiere del compromiso de todas las instituciones del Estado y la sociedad civil” (p.9).

        Para la Defensoría “Enfrentar la discriminación de manera honesta, decidida e integral, constituye una de las urgentes tareas que deben llevar a cabo el Estado y la sociedad en su conjunto. La verdadera transformación que espera y merece el Perú, nos impone el reto de involucrarnos sin desmayo en el esfuerzo por superar las fracturas sociales que nos han dividido durante muchos años. Ese es el camino que debemos emprender como país para forjar una sociedad verdaderamente democrática, inclusiva, igualitaria y respetuosa de las diferencias y los derechos fundamentales de todas las personas” (p.10)

       Nos recuerda que “la calificación de una conducta como discriminatoria requiere la concurrencia de los siguientes elementos: a) la existencia de un trato diferenciado o desigual; b) un motivo o razón prohibida (raza, origen, sexo, religión, opinión, identidad étnica o cultural, idioma, discapacidad, condición económica o social, orientación u opción sexual, entre otros), y c) la afectación o menoscabo de un derecho (p.105).

       Asimismo, que importantes pactos internacionales firmados por el Perú “garantizan el derecho a la igualdad y proscriben toda forma de discriminación. En el ámbito internacional, el mandato de no discriminación está contenido en normas generales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” Así como también la “Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, entre otros” (p.15).

        También nos recuerda que “La Constitución Política consagra este derecho en el artículo 2º inciso 2)” (p.17). Y que la discriminación fue incorporada como delito en nuestro ordenamiento legal. Es así que nos dice que “El delito de discriminación fue incorporado en la legislación peruana (artículo 323º del Código Penal) mediante Ley Nº 27270, Ley contra actos de discriminación, del 29 de mayo del 2000” (p.27).

        El informe hace un detallado recuento de las normas administrativas legales a diversos niveles (educación, trabajo, consumo, salud, etc.) que amparan al ciudadano contra la discriminación. De allí que sugerimos que sería bueno “bajar” el documento completo de la página web de la Defensoría.

        Luego pasa a examinar los presuntos casos de discriminación presentados a la Defensoría durante el periodo 2007-2008: trato despectivo hacia las poblaciones campesinas, nativas o afro descendientes; la burla por la vestimenta; el menosprecio frente a una persona con discapacidad; la no atención de la salud de quien ha contraído el VIH/Sida; la separación de las cadetes y alumnas embarazadas de sus centros de estudio; el impedimento de ingreso a un lugar o establecimiento público por el aspecto físico, la discriminación por edad, religión, sexo u opción sexual etc.

        A continuación la Defensoría nos detalla las acciones realizadas al respecto. Y nos comenta que la discriminación presenta problemas particularmente delicados en el aspecto probatorio que podrían limitar -eventualmente– la eficacia de una investigación constitucional, penal o administrativa. Ello es así porque generalmente estos actos se presentan en forma encubierta, aparentando ser legítimos y ocultando en realidad un motivo prohibido” (p. 85).

        En esta medida, dado a que la persona que alega haber sido discriminada se encuentra en desigualdad de condiciones respecto al autor de tales conductas para probar los hechos debido al tipo de información a su alcance, es importante que frente a una denuncia de discriminación o cuando existan motivos razonables que hagan suponer su comisión, el Estado debe, de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional y nacional, asegurar una investigación seria, imparcial y eficaz (p.85).

       Finaliza con algunas recomendaciones a las diversas instancias estatales encargadas de procesar las denuncias.

        Nos ha llamado poderosamente la atención la amplia cobertura en los medios frente a la llamada gripe porcina, luego convertida en gripe AH1N1. Se supone que la peligrosidad de dicha gripe se da por el alto índice de mortalidad que produce, fruto de complicaciones de neumonía en el paciente. Igualmente sabemos que no sólo ha concentrado la atención de los medios de comunicación, sino que ha tenido la más alta prioridad en la atención de las autoridades de salud y en cuanto al destino de fondos.

        Sin embargo, más muertes por neumonía se producen en nuestro país por infecciones respiratorias agudas (IRA). El invierno ni ha comenzado y ya, al 3 de mayo, se ha registrado la muerte de 125 niños menores de cinco años por neumonía en el país. La mayoría de muertes han ocurrido en Puno, Cusco, Huánuco y Lima.

       Igualmente, en nuestro país, se producen muchas más muertes por Tuberculosis (TB). En el 2007 fallecieron 916 personas por esta causa. Y muchos conocedores del tema indican que hay un sub-registro de casos. Según datos oficiales “En nuestro país durante el año 2008, se han notificado a nivel nacional 32,644 personas afectadas con tuberculosis en todas sus formas, 1,841 personas con Tuberculosis Multidrogorresistente (TB MDR) y 70 personas con Tuberculosis de extremada resistencia (TB XDR)” Según el mismo estudio Lima y Callao concentran  el 58 % de casos de TB en todas sus formas, el  82 % de casos de TB MDR y el 93 % de casos de TB XDR.  Los 10 distritos de Lima y Callao con mayor número de casos son San Juan de Lurigancho, Ate, San Martín de Porres, Callao, Comas, Villa el Salvador, La Victroria, Villa María del Triunfo, El Agustino y San Juan de Miraflores.

        Si comparamos la suma destinada a paliar los efectos de este mal, fruto de la pobreza, veremos que es bastante inferior a la dedicada para enfrentar la llamada gripe porcina. La versión oficial nos habla de 105 millones anuales  dedicados a atender el problema de TBC, pero mucho se habla de que esta suma está inflada y que lo que realmente se destina son 45 millones de soles.  En cambio, para la gripe porcina fuentes de prensa indican que en el 2009 se destinarán entre 120 y 180  millones de soles.

        Por ello J. Bruce llega a afirmar, refiriéndose a la gripe AH1N1, que “esta fiebre de histeria colectiva ha reflejado una luz oblicua, iluminando zonas oscuras de nuestra convivencia. Algunos medios han resaltado el escándalo de los cientos de niños muertos de frío en regiones alto andinas, por complicaciones pulmonares análogas a las de la influenza, mientras en Lima las autoridades de salud se alborotan en colegios exclusivos, mascarilla en boca”.

        Esta situación también ha generado una saludable reacción de un grupo de ciudadanos que tanto en los blogs (http://akilesmartin.blogspot.com/2009/05/el-higado-de-martin.html) como en una carta pública exigen que los medios de comunicación y las autoridades de salud den mayor cobertura al problema de las muertes por neumonía en el sur andino y a otros importantes problemas de salud. Es así que afirman que

“No puede negarse la necesidad de prevenir la expansión de esta nueva gripe, pero debemos recordar que la mitad de la población peruana no tiene acceso a los servicios de salud y muere por causas perfectamente evitables.  La cuarta parte de los niños peruanos padece de desnutrición crónica.   Problemas de salud como el VIH/SIDA, la tuberculosis o la fiebre amarilla afectan a decenas de miles de peruanos.   Más de 130 personas, en su mayoría niños, han fallecido de neumonía en los departamentos andinos, pese a que recién está empezando el invierno.  Estas muertes no son por frío, sino por la pobreza y las duras condiciones de vida de estas poblaciones.  En otros países, el frío puede ser más fuerte, pero no existe ese nivel de muertes que son perfectamente evitables.

La actuación de los medios de comunicación peruanos y las autoridades del sector Salud frente a la nueva gripe resulta desproporcionada frente a la “normalidad” con que se perciben los problemas de salud mucho más graves de millones de peruanos andinos.”

        Según las estadísticas dadas a conocer a fines de mayo, la pobreza disminuyó en el país en tres puntos entre el 2007 (39.3%) y el 2008, siendo actualmente de 36.2%  La pobreza extrema también disminuyó, aunque menos, de 13.7% en el 2007 a 12.6% en el 2008.

        El INEI considera pobre a aquella persona que dispone de S/.251 al mes para atender todas sus necesidades. Este es el costo que INEI estima para la canasta básica de alimentos y el costo básico de bienes y servicios (vestimenta, vivienda, movilidad, etc.).  Y considera extremadamente pobre a aquella que sólo dispone de S/.139.8 por persona al mes, en promedio. Esta es la suma que el INEI considera necesaria para una canasta básica de alimentos. La mayor incidencia de pobreza se da en la Sierra.

        El Jefe del INEI destacó que esta vez la disminución había sido mayor en el sector rural, pasando la pobreza de 64.6% a 59.8%. Según él: “la mejora en el ingreso per cápita de los pobladores de las áreas rurales justificaría esta reducción en los niveles de pobreza”,  y agregó: “En este sector se encuentran mayormente los productores agrarios y los resultados demuestran que han sido beneficiados con el alza de precios que se registró el año pasado debido al contexto internacional."

        Por su parte Iván Hidalgo, presidente del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos) señaló: "Nos ha parecido interesante la reversión de la tendencia. Siempre el lado urbano mostraba mejor reducción de la pobreza, pero ahora fue a la inversa. Es importante recalcar que el conjunto de políticas públicas que el Gobierno está implementando está dando resultados en el ámbito rural. Es evidente que Juntos tiene un efecto importante, al igual que la estrategia nacional Crecer. La mayor cantidad de recursos destinados a las zonas más pobres está dando resultados".

Fuentes Citadas

Bonilla, C.A. “Convocando voluntades para la acción por un país libre de tuberculosis” (versión en Power Point)

Bruce, J. “Histeria porcina” en La República” del 24 de mayo del 2009.

CGTP  Propuesta para Enfrentar la Crisis Económica. En Defensa del Empleo y la Economía Popular”, 26 de marzo del 2009.

Defensoría del Pueblo Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo (abril 2009).

El Peruano, 27 de marzo de 2009

La República, Editorial “Estadísticas”, 30 de abril del 2009.

La República “OIT, recomienda reajustar los salarios”, 16 de mayo del 2009.

Seminario, B. ¿Está el Perú en el paraíso terrenal? En La República, 24 de mayo del 2009.

Matuk, F. ¿Sabía usted que el hambre subió de 29ª 32% entre 2007 y 2009?.  En La República 14 de mayo del 2009.

Matuk, F. Entrevista de J.C. Reyes “Es una ilusión decir que ya tocamos fondo” en La República 7 de mayo del 2009.

Somos, 30 de mayo del 2009

Zegarra, E. ¿Manipulando cifras?. El espejismo del mayor crecimiento peruano. En El Comercio. 26 de mayo del 2009

Comunicado: La vida de todos los Peruanos es importante

En el respeto a los derechos de los Pueblos Amazónicos se juega el futuro del país

Ante los graves hechos que se vienen produciendo en la Amazonía, la Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo declara lo siguiente.

1. La aprobación de los decretos legislativos en el proceso de firma del TLC con Estados Unidos, ha eludido las consultas a los pueblos que los habitan como manda el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Perú mediante Resolución Legislativa N° 26253, y que establece en su artículo 6° que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. En el mismo artículo se señala también que “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
   
   
2. En agosto 2008, en respuesta a las movilizaciones indígenas, se derogaron los decretos legislativos 1015 y 1073. En  enero 2009, la Comisión Especial Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso de la República, recomendó, entre otras cosas, considerar la derogatoria de los decretos legislativos  994, 995, 1060, 1064, 1020, 1080, 1081, 1083 1089 y 1090 porque vulneran la Carta Magna, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El informe también recomendaba al Consejo de Ministros “desarrollar e implementar políticas y mecanismos de Diálogo Intercultural Oportuno entre el Estado y los pueblos indígenas, a efectos de conservar la paz social entre los miembros de nuestro país.” La mayoría de estas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta oportunamente.
   
   
3. Las  actividades extractivas están provocando impactos ambientales en los ecosistemas acuáticos y terrestres de la Amazonía, que con la implementación de los DL cuestionados aumentan el riesgo de una de las regiones de mayor biodiversidad y oferta de agua en el mundo. Los impactos ambientales afectan también la salud de los pueblos indígenas. En las 34 comunidades nativas de la zona de los ríos Tigris y Corrientes, donde opera una petrolera, el Ministerio de Salud encontró que el 98% de menores sobrepasa los límites aceptables de cadmio en la sangre. Además, en muchas zonas, la explotación petrolera o maderera ha afectado la pesca y la caza, actividades básicas para la sobrevivencia de los mismos.
   
   
4. La Protesta Nacional Amazónica iniciada por AIDESEP ya tiene más de 45 días. El gobierno del Dr. Alan García Pérez ha decretado el Estado de Emergencia en casi  todo el territorio amazónico como  respuesta represiva en lugar de propiciar una salida dialogada. Gracias a la mediación de la Defensoría de Pueblo está siendo posible el inicio de una Mesa de Diálogo. Sin embargo, la denuncia penal contra Alberto Pizango, presidente de AIDESEP, “por alentar la rebelión, sedición y conspiración” no contribuye a generar las condiciones para una solución pacífica y reafirma la antidemocrática tendencia a criminalizar la protesta social y la legítima defensa de los derechos consagrados por la Constitución.
   
   
5. Hacemos un llamado al Gobierno Peruano para que en la solución a este conflicto, respete nuestra Constitución Política y los pactos internacionales ratificados por el Estado Peruano, y asuma el reto de poner en práctica los mecanismos de una democracia inclusiva y pluricultural, con la participación de los pueblos amazónicos, secularmente olvidados en la historia del Perú.

Lima, 26 de mayo del 2009

DECLARACIÓN FINAL DEL SEMINARIO SOBRE CRISIS FINANCIERA INTERNACIONAL, CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO EN LOS POBRES
Departamento de Justicia y Solidaridad, CELAM,
Lima, 3 – 7 de mayo 2009.
(extractos)

REÁMBULO

De manera reiterada los Obispos latinoamericanos han manifestado su preocupación ante la crisis actual, compleja por sus múltiples dimensiones, y han insistido en la responsabilidad de todos para promover el bien común y la humanización de las estructuras políticas y económicas1. …al enfrentar la crisis actual que afecta a nuestras sociedades, no estamos ante un mero problema técnico financiero. Se trata de un problema humano y ecológico, en sus causas y en sus consecuencias, que como tal no resulta en absoluto ajeno a la misión y vida de la Iglesia, sino que, por el contrario, es parte constitutiva de la tarea evangelizadora.

Constatamos que vivimos una crisis, que impacta en la reducción del crecimiento económico, el aumento del desempleo, la reducción del comercio e inversiones externas e internas, la disminución de la liquidez así como de los recursos para el gasto social,  el incremento de los precios de los alimentos y los medicamentos con sus secuelas de profundización de la pobreza y desigualdad. A esta situación nos ha llevado principalmente el actual modelo económico centrado en el consumismo, en un sistema financiero especulativo y el afán incesante de obtener cada vez mayor lucro.

Los pobres y excluidos viven una mayor vulnerabilidad ante estas situaciones; son ellos los más expuestos al estancamiento de la economía y pérdida de empleos, a los riesgos que trae el cambio climático en cuanto a la escasez de agua, sequías, inundaciones, desastres naturales.

Lamentamos que las medidas anti-crisis que se vienen tomando en la región, principalmente políticas fiscales y monetarias, busquen únicamente el funcionamiento de las economías en el corto plazo, no tengan verdadera proyección de largo alcance, no cuestionen a fondo las bases del modelo económico y estilo de desarrollo que es el “caldo de cultivo” de esta crisis, no incorporan las urgentes respuestas frente al cambio climático ni las necesidades regionales de integración.

Más injusto todavía es que los pobres no tengan voz ni representación en las discusiones y toma de decisiones. En la práctica los Gobiernos siguen siendo defensores de los intereses de los grupos más poderosos. En las propuestas oficiales anti crisis hay una enorme desproporción entre los recursos que se destinan al fortalecimiento de instituciones financieras y grandes empresas, con respecto a lo que se dedica a políticas sociales, especialmente en apoyo a los más pobres. En este sentido es clamoroso que hoy se estén discutiendo diversas medidas de rescate de grandes empresas financieras e industriales sin  discutir a fondo el impacto en los empobrecidos y excluidos, en las razas y culturas de nuestro tiempo así como en las generaciones futuras.

El contexto actual nos exige interpelarnos crítica y autocráticamente desde el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y la lectura de los signos de los tiempos: ¿qué nos plantean los tiempos actuales? ¿qué estamos haciendo y qué respuestas nos exigen? También nos desafía a responder desde el Evangelio y buscar definitivamente un nuevo proceso de desarrollo verdaderamente humano, integral, solidario.

Necesitamos vivir nuestra vocación profética cuestionando el estilo de vida consumista y depredador que quiebra la solidaridad de la familia humana y que nos impide ver el planeta como casa común. “La creación, en efecto fue sometida a la vanidad, no espontáneamente sino por aquél que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre de dolores de parto” (Rom 8, 20-22).

Por eso es imperioso recuperar una mirada del Planeta como casa y no como mera fuente de recursos a extraer y explotar.

Desde esta perspectiva es necesario caminar hacia un estilo de vida solidario, austero, que incluya a empobrecidos y excluidos y se plantee con firmeza el cuidado de la creación.

Los tiempos actuales nos exigen hacer un serio análisis de estas situaciones con la gente, desde las parroquias hasta los niveles subnacionales y nacionales. Es necesario analizar con ellos y ellas la crisis económico financiera y el cambio climático, sus conexiones, causas y consecuencias y los responsables de las mismas.  Más aún, “Hay que buscar que los delitos ecológicos sean punibles de sanción penal en los tribunales de derechos humanos. No debe haber impunidad para quienes provocan depredación, contaminaciòn irreversible y muerte de comunidades humanas”2.

Los mayores esfuerzos para salir de la crisis deben realizarlos quienes se enriquecieron más, acumulando riquezas. Por ello mismo las medidas anti-crisis no deben ser “más de lo mismo”; las correcciones deben involucrar principalmente a los causantes de ella, por lo que se hacen necesarias políticas regulatorias principalmente del sector financiero y del mercado de valores. Es necesario para ello que el FMI y el Banco Mundial reorienten sus objetivos en el marco de una reforma fundamental, convirtiéndose en verdaderas instancias de apoyo al desarrollo humano integral.

Debemos urgir a los cristianos y cristianas que tienen liderazgo en lo económico, político y ambiental, a que contribuyan activamente a la humanización de las estructuras y por el bien común desde los niveles locales, subnacionales hasta los nacionales y continentales.

Es necesario exigir que se adopten políticas públicas activas para proteger y promover el trabajo y el empleo con los consiguientes ingresos dignos; así mismo aumentar la urgente inversión social especialmente a favor de las poblaciones empobrecidas y excluidas.

Tenemos que caminar definitivamente hacia sociedades austeras, solidarias en lo económico y sustentables. Para ello debemos trabajar por políticas públicas con visión de desarrollo alternativo y largo plazo, con una nueva arquitectura financiera basada en la justicia económica y que incorpore la dimensión ambiental. Es preciso tomar conciencia de que todo esto implica un cambio cultural profundo y por eso mismo es necesario que las poblaciones participen protagónicamente en esta transformación.

En este camino es fundamental recuperar los conocimientos y valores ancestrales de nuestros pueblos originarios, en su relación con la naturaleza y el medio ambiente.

Como Iglesia nos sentimos interpelados a actuar acompañando, involucrándonos en acciones más palpables de denuncia, movilización, elaboración de propuestas, renovando nuestra opción por los pobres.

Es tarea de las  Pastorales Sociales – Cáritas implementar las conclusiones de Aparecida en clave de Misión Continental en la perspectiva que nos plantea DA 474-c, “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología natural y humana, que se fundamenta en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino universal de los bienes, y que supere la lógica utilitarista e individualista que no somete a criterios éticos los poderes económicos y tecnológicos.”

Comunicado de la Conferencia de Religiosos del Perú frente al justo reclamo de las comunidades indígenas de la selva.

"¡Me libre el Señor de entregarte la tierra de mis padres!" (1Re 21,3)

La Conferencia de Religiosos del Perú expresa públicamente su dolor por el modo cómo el gobierno, la mayoría de medios de comunicación y las empresas nacionales y extranjeras están actuando concertadamente para oponerse a los justos reclamos de las comunidades indígenas de nuestra selva desde hace cincuenta días. Se está dando prioridad a  posibilidad de grandes inversiones petroleras, gasíferas y forestales, sin tener en cuenta el daño directo a la salud y la vida de las poblaciones amazónicas. Tampoco se tiene en cuenta que es interés no sólo de todos los peruanos y peruanas, sino de la humanidad entera, la conservación de la Amazonía, tanto por su aporte a la provisión de agua dulce, como para atenuar las consecuencias del cambio climático. La sierra ya está contaminada y se ha causado un terrible daño a sus pobladores, ahora el gobierno parece dirigirse hacia la selva amazónica, un territorio por demás ignorado en las medidas gubernamentales, pero que ahora constituye un potencial de riquezas que  se quiere expropiar para “beneficio de todos los peruanos”.

Nosotros los que trabajamos muchos años en la alfabetización y promoción, llevando los valores del evangelio nos hacemos solidarios con todas las etnias que organizadamente ofrecen resistencia al afán del gobierno que actualmente está actuando de modo intolerante para proteger los intereses de las compañías. Nos duele que cientos de familias estén sufriendo la inestabilidad social que produce esta lucha, sin embargo las acompañamos físicamente con la presencia de religiosos y religiosas que viven entre ellos y espiritualmente con nuestra solidaridad y oración. Si el gobierno desea explotar las riquezas del subsuelo primeramente debe sentarse a dialogar en equidad de condiciones con los que viven sobre él, el suelo de nuestra Amazonía.

En el Documento de Aparecida leemos: En América Latina y El Caribe se está tomando conciencia de la naturaleza como una herencia gratuita que recibimos para proteger, como espacio precioso de la convivencia humana y como responsabilidad cuidadosa del señorío del hombre para bien de todos… como profetas de la vida, queremos insistir que en las intervenciones sobre los recursos naturales no predominen los intereses de grupos económicos que arrasan irracionalmente las fuentes de vida, en perjuicio de naciones enteras y de la misma humanidad. Las generaciones que nos sucedan tienen derecho a recibir un mundo habitable…(Documento de Aparecida # 471).

Religiosos y religiosas católicas de Perú.

Lima, 30 de mayo del 2009

 "Acaso lo más sorprendente de lo que hoy podemos llamar el 'caso Supa' no sea tanto las columnas que escribe el director de Correo sino más bien el apoyo, directo e indirecto, que viene recibiendo. Y si bien se puede destacar como dato positivo la reacción contraria, mayoritaria por cierto, que este hecho ha suscitado en diversos medios y grupos, considero que es necesario continuar escribiendo sobre este tema.
Debatir (y condenar) los brotes de racismo es siempre un deber de todos aquellos que creemos en la democracia. Incluso se puede decir que es un deber cívico. La razón de ello es muy simple: el racismo o, mejor dicho, lo que se llama 'raza', como lo explicó hace unos días Aníbal Quijano en la presentación de la institución Otra Mirada, ha sido no sólo el principal factor de legitimidad para seguir segregando y explotando a la mayoría de peruanos sino también el principal argumento de las clases dominantes para continuar en el poder. Racismo, poder, dominación y explotación son pues las claves para entender el pasado y presente tanto del país en su conjunto como de las elites.
Es cierto, como me dijo hace unos días la socióloga Marisa Remy, que el racismo es como la marea. Hay momentos en que sube como también hay épocas en que baja. Los años setenta bajo el gobierno de Velasco, por ejemplo, fueron tiempos en que el racismo bajó de nivel. Hoy estamos en tiempos de marea alta y, por ello, insisto, hay que continuar con el debate.
En este contexto la pregunta es la siguiente: por qué el racismo persiste en nuestra sociedad o, mejor dicho, por qué las prácticas y los discursos racistas son como las mareas: van y vienen.
Hace algunos años, Fernando de Trazegnies expuso en diversos trabajos -todos ellos de gran calidad- su tesis de la 'modernización tradicionalista' para entender la historia del país. Esta idea, que bien se puede resumir en la metáfora que nos dice que las elites eran capitalistas (o modernas) en la sala de su casa pero feudales en la cocina, señala que el conservadurismo de estas elites era lo que dificultaba o impedía la modernidad en el país. Las ideas modernas (o los procesos de modernización y modernidad), al pasar por lo que este mismo autor llama 'las aduanas ideológicas' de estos grupos, cambiaban de signo al ser absorbidas conservadoramente. Para emplear una frase de José Carlos Mariátegui: eran burgueses con espíritu feudal. Así, el liberalismo y su proclama de igualdad y libertad, por ejemplo, fue empleado -como también dice de Trazegnies- para defender la semiesclavitud de los llamados coolíes chinos. El fundamento era la libertad de contrato.
Sin embargo, lo que hay que decir es que en el país lo que existe no es un grupo social conservador que cada cierto tiempo se refuncionaliza ideológica y políticamente, es decir, que absorbe conservadoramente las ideas de la modernidad para seguir en el poder, sino más bien una cultura reaccionaria y elitista que perdura en el tiempo y que termina por impregnar y darles sentido a los procesos de modernización y a los diversos grupos que han ocupado en momentos distintos el poder.
Lo que quiero decir es que esta cultura reaccionaria -que tiene como expresión política el autoritarismo- tiene también como uno de sus fundamentos el racismo. Dicho en otros términos, es reaccionaria porque es racista y autoritaria, y no porque sea solamente conservadora; porque reacciona frente al otro racistamente, porque lo considera inferior o, simplemente, porque lo ignora o lo reprime. Por ello racismo, poder y violencia son parte de una misma cadena que busca legitimar la dominación de las elites en nuestro país. Y si el racismo persiste y se hace más público, como sucede hoy, es porque la desigualdad y la pobreza aumentan, lo mismo que la segregación social y los privilegios, y porque, además, existen guetos sociales en los cuales las elites se han 'atrincherado'. Las murallas que hoy rodean a estos guetos y lo que está adentro son las mismas murallas (por no decir causas) que impiden reconocer al otro como igual.
Parafraseando a Mariátegui (José Carlos, por supuesto), se puede decir que el problema del racismo en el Perú no es sólo el problema del indio sino también la ausencia de una sociedad y de una cultura democráticas, así como de una economía que tengan como objetivo principal la igualdad de todos. Por ello, la respuesta al racismo no puede ser la etnopolítica, que acaba muchas veces en una suerte de racismo invertido, sino más bien la construcción de una política que incluya a todos los dominados y excluidos de nuestra sociedad.
De lo que se trata, en realidad, es de impedir la construcción de una neo república aristocrática en pleno siglo XXI, así como de derrotar a un supuesto liberalismo que sólo es una coartada discursiva para legitimar la desigualdad. Dicho en otros términos, construir una república y, también, una democracia y una economía para todos".

ex jefe del INEI,
"Este aviso pagado por el gobierno aprista (publicado el viernes 8 en el diario Ojo) contiene varias falacias, la primera de ellas es la línea de base. Hasta donde todos recordamos, el presidente Alan García asumió el mando el 28 de julio de 2006, y con la actual metodología del INEI, el nivel de pobreza para el 2006 fue de 44% y para el 2005 fue de 48%. En otras palabras, el gobierno aprista determina su línea de base en el penúltimo año de la gestión Toledo.
De otro lado, cabe recordar que el suscrito, en su calidad de jefe del INEI, fue acusado por el entonces congresista electo Luis Alva Castro de 'manipular groseramente' las cifras de pobreza cuando se señaló que con la metodología vigente la pobreza había sido 48% en 2006, y que habiendo sido 54% en 2001, la gestión Toledo había reducido la pobreza en seis puntos durante cinco años de gestión.
La nueva metodología del INEI para medir la pobreza tiene como característica central ser secreta, es decir, los programas de cómputo que debieran permitir replicar los resultados no están disponibles, y no por razones de seguridad de Estado, sino porque revelarían cómo se han fraguado estas cifras de reducción de la pobreza que son abiertamente contra intuitivas.
En este caso particular se tiene, como el gobierno ya anunció, una reducción de la pobreza en cuatro puntos para el periodo 2007-2008, mientras, de otro lado, el INEI convoca a un comité asesor para validar los resultados, y seguramente en unos días de manera pomposa se anunciarán los resultados científicos de la medición de la pobreza, que en realidad se ajustan a la voluntad presidencial.
Pero, a partir de información oficial, que hasta el presente no ha sido adulterada, tenemos que el porcentaje de personas que no consumen las calorías necesarias para sobrevivir se ha incrementado de 29% en 2007 a 32% en 2008. Por ello resulta absurdo que la pobreza se haya reducido, mientras más peruanos están muriéndose de hambre.
También es absurdo que mientras en Lima Metropolitana se tenga un 20% de las personas sin consumir las calorías esenciales para vivir, se informe que la pobreza extrema es 1%. Estos resultados sólo pueden ser obtenidos fraguando las cifras originales a través de métodos vedados a la ciencia.

Por ello resulta imprescindible que los próximos resultados de la pobreza, así como los anteriores, estén acompañados de los programas de cómputo que permitan replicar los resultados oficiales, a menos, claro está, que se nos exija fe ciega en la sabiduría gubernamental".

Publicado el 14/05/2009 La República