En las vísperas del 1 de mayo, día internacional de los trabajadores, se hicieron diversas reflexiones referidas a la situación de los derechos laborales en nuestro país.

        Es así que una encuesta de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llevada a cabo en Lima Metropolitana, nos informa que 91% de la fuerza laboral percibe que está desprotegida.  La mayoría sostiene que no tiene protección en salud, que no recibe Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y que tampoco tiene acceso a la jubilación. Efectivamente sólo 32% dice que tiene seguro de salud, 17% CTS y 23% que aporta a un plan de jubilación, ya sea privada (AFP) o pública (ONP).  Gozan de vacaciones y gratificaciones sólo el 26% de la PEA (Población Económicamente Activa) de la capital.

       Esta difícil situación laboral es fruto de las políticas laborales promovidas dentro del marco de la política neoliberal que implementó el fujimorismo en la década del 90. Pero también de la falta de responsabilidad social del empresariado nacional.  En dicha encuesta el 84% señala que los empresarios respetan poco o nada los derechos de los trabajadores.  Al decir de Mario Huamán, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) “El Estado no promueve ni protege los derechos fundamentales para mejorar nuestro nivel de vida, a lo que está obligado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Entre ellos, el derecho a formar sindicatos”.

        Por otro lado, el 1 de mayo fue ocasión también para recordar el grave problema del trabajo infantil.  La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) nos dice que “de acuerdo con las estadísticas oficiales, uno de cada cinco menores entre 6 y 17 años de edad, que trabajan, está excluido del sistema educativo peruano, situación que de no revertirse llevará a miles de niñas, niños y adolescentes a un futuro de postergación, discriminación y pobreza. Son ya varios los años en los que no podemos bajar la cifra de más de dos millones de niñas, niños y adolescentes trabajando” (p.171).

       Frente a esta difícil situación nos parece pertinente recordar lo que señalábamos en octubre del 2008 en nuestro boletín dedicado al tema del Empleo: que “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, de trabajo y a la protección contra el desempleo” (Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 23).

         Las consecuencias de la crisis internacional ya se han comenzado a sentir en nuestro país.  El crecimiento económico, que en el 2008 fue de 9.8% del PBI, en el primer trimestre  ha estado cercano a 0.  Sectores fuertemente impactados son el exportador (tanto el de las exportaciones tradicionales, como el de las no tradicionales como textiles, agro industria etc.); el flujo de inversión extranjera al país (de corto y largo plazo) y el volumen de  las remesas que los peruanos residentes en el exterior mandan a sus familiares.  Todo ello tiene un impacto considerable en los ingresos de la población, así como en el empleo (en el sector textil se habla de una pérdida de 70,000 empleos hasta la fecha) y en la disminución de la pobreza.

        Las mujeres, particularmente las jefas de hogar, (que constituyen casi un tercio de los hogares a nivel nacional) se verán particularmente impactadas por la crisis.  Es por ello que un grupo de organizaciones vinculadas a dicha problemática se reunieron el 3 de marzo, por iniciativa de la Congresista Rosario Sasieta en una Audiencia Pública titulada “Crisis Económica Internacional: Propuesta Desde y Para las Mujeres”. En dicha reunión elaboraron una serie de propuestas que han sido presentadas ante la Presidencia del Consejo de Ministros para que sean tomadas en cuenta en el Plan Anticrisis Nacional.

       Motiva sus propuestas la preocupación porque “en los nueve grupos de medidas propuestas por el Poder Ejecutivo en el marco del Plan Anticrisis nacional, ninguno se dirige específicamente a atender los efectos de la crisis en la situación de las mujeres”.  Ellas sostienen que se debe atender las circunstancias específicas de las mujeres productoras y en situación de pobreza, sobre todo de las que son las únicas responsables de la economía familiar.

        Algunas de sus propuestas son:

• Que se incremente el salario mínimo y que se ponga especial atención en sectores como confecciones, textiles y agro-industria, en los cuales la participación de la fuerza laboral femenina es mayoritaria. En este último caso se propone que las trabajadoras del sector agro industrial tengan los mismos derechos que las demás trabajadoras del régimen general de la actividad privada. Así como también que se facilite la reconversión laboral y reubicación de aquellas que pierdan su fuente de ingresos debido a la crisis.

• Considerando que un importante sector de hogares recibe ayuda económica de sus familiares del exterior, proponen que el Ministerio de Relaciones Exteriores proteja a los peruanos migrantes, ya que como es conocido, mundialmente es el sector más vulnerable frente a la crisis que afrontan los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón. Y que coordine con la SUNAT y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para facilitar el retorno de aquellos que deseen invertir en el país.

• Que se gestione ante la banca privada la posibilidad de renegociación de los préstamos de vivienda, sobre todo los que han sido hechos bajo los programas especiales de ahorro de remesas para obtener créditos para vivienda.  Pero también que se impulsen líneas de microfinanzas para mujeres, así como que se disminuya el costo del crédito para las mujeres rurales, sobre todo aquellas ubicadas en zonas pobres.

• Que los gobiernos regionales y locales promuevan los emprendimientos económicos liderados por mujeres. Y que desarrollen programas para capacitar a mujeres amas de casa, para que, desde sus hogares puedan desarrollar actividades productivas que mejoren sus ingresos. También proponen que un porcentaje del Fondo asignado a las MYPES [Micro y Pequeña Empresa] en el Plan Anticrisis, se destine a financiar proyectos de microempresas conformadas mayormente por mujeres, buscando aumentar su productividad y sus capacidades de gestión y comercialización.

• Siguiendo una medida que ya se aplica en otros países (Bolivia, Chile, Brasil, etc.) plantean el “otorgamiento de una pensión no contributiva de parte del Estado, a favor de las mujeres y hombres adultos mayores del campo, para evitar la pauperización de esta población en los próximos meses”. (Nota aclaratoria: se llama no contributiva porque no depende de los aportes que haya realizado la persona a algún sistema de pensiones)

• Muestran especial preocupación en demandar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que “garantice las actividades prioritarias referidas a la protección del gasto social: disminución de la desnutrición infantil y de la mortalidad materna y neonatal; mejora de la calidad de educación en las escuelas, promover el acceso a las oportunidades de mercado y caminos rurales”.

        El director del diario Correo, Aldo Mariátegui, intentó desprestigiar a dicha congresista, mostrando en primera plana sus apuntes con faltas ortográficas, dando a entender que ello demuestra su incompetencia para el cargo.

        Dicho director pareció olvidar los requisitos básicos para ser congresista, que es una labor fundamentalmente de representación. Y como se preguntan los amigos de Otra Mirada “¿Cómo y para qué se llega al Congreso? A través de los votos, los peruanos eligen a tal o cual candidato al Congreso porque están convencidos de que los representa, porque gracias a ellos, parte de lo que son puede ser conocido y valorado al momento de tomar decisiones importantes. La congresista Hilaria Supa representa a la región del Cusco, lugar donde el 52% de la población tiene como lengua materna el quechua”.

       Felizmente este episodio levantó una ola de protestas, lo que también evidencia que como sociedad hoy tenemos una mayor sensibilidad al respecto.  Sin embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer.  W. Ardito señala que lamentablemente la mirada del señor Mariátegui es compartida por muchos peruanos que hacen “escarnio de los millones de peruanos cuya lengua materna no es el castellano: muchos escolares y universitarios de origen andino que hablan con acento quechua son ridiculizados y tildados de “motosos” por sus compañeros y profesores.  Sin embargo, si éstos oyeran a un francés o un alemán hablar con dificultad el castellano probablemente dirían “¡Qué bien se le entiende!”.

        De similar parecer es Guillermo Giacosa; el nos dice que “Aldo no ha hecho otra cosa que poner por escrito, con ortografía aceptable, lo que un sector del Perú siente y piensa. Digo bien un sector, y no una clase social, pues se trata de una postura que atraviesa gran parte de la sociedad peruana sin hacer distinciones profundas según los ingresos de cada quien, ni tampoco el tono de la piel, el origen del apellido o el nivel de instrucción recibida”.

        Nos parece que el Comunicado de los profesores de la Universidad Católica zanja el asunto: “Las faltas de ortografía y redacción contenidas en el texto fotografiado por Correo son expresión de la base fonológica y gramatical que la congresista Supa posee en virtud de su lengua materna, el quechua (…) Por tanto, no se puede juzgar la competencia en la escritura castellana de la congresista Supa como una dimensión independiente de su condición de quechuahablante, y hacerlo constituye una manipulación de los hechos lingüísticos.” (Ver el texto completo en nuestra sección DOCUMENTOS).

        Desde el 9 de abril los habitantes indígenas de nuestra Amazonía están en paro indefinido, reclamando la derogatoria de una serie de decretos que atentan contra su territorio y su vida. Ellos son los decretos 1020, 1064, 1080, 1081, 1089. A pesar que la protesta, pacífica, lleva más de 24 días, poca atención han logrado de los medios de comunicación y de la opinión pública y poca solidaridad han conseguido del resto de la sociedad civil peruana, a diferencia de lo sucedido en agosto del 2008.

         A los indígenas les preocupa no sólo la posibilidad de ser desalojados de sus tierras ancestrales para cederlas a la gran explotación maderera, gasífera y petrolera, sino también la gran contaminación que dichas actividades extractivas acarrean al habitat amazónico.  Recordemos que según la reciente publicación Geo Amazonía:

La Amazonía alberga una enorme variedad de especies de flora y fauna y es una importante área de endemismos; por ello, constituye una reserva genética de importancia mundial. Por otra parte, el agua que se genera en la cuenca amazónica representa alrededor de la quinta parte del agua de escorrentía mundial. Y no menos significativa es la función que cumplen sus bosques, que actúan como un importante sumidero de carbono que absorbe anualmente cientos de millones de toneladas de gases de efecto invernadero (p.11).

El mismo documento señala que:

“los pueblos indígenas han visto afectado su modo de vida tradicional, sus costumbres y sus creencias como resultado de la llegada de modelos de ocupación del territorio que no tienen en cuenta las dinámicas económica, social y ambiental locales.(p.23)

Y el mencionado documento señala bien la fuente del problema: el mito de considerar a la Amazonía como un espacio vacío. Es así que nos dice:

La percepción de la Amazonía como un espacio vacío con grandes riquezas y oportunidades para el desarrollo de variadas actividades económicas, incentivó procesos de ocupación que no tomaron en cuenta la interacción con las culturas nativas ni con los ecosistemas frágiles (…) las naciones bajo cuya jurisdicción se encuentra la Amazonía, la han considerado y la consideran como una de las grandes posibilidades de explotar riquezas naturales, extender la frontera agrícola y descongestionar las zonas periféricas, volcando poblaciones hacia ella, ignorando así mismo que allí ya hay habitantes y que éstos también tienen derechos. (p.94).

        Por ello, velar por los derechos de la población amazónica, especialmente los indígenas, sus habitantes originarios, es algo que nos concierne a todos. Y los Obispos de América Latina y el Caribe nos invitan a ello; es así que en el documento de Aparecida nos dicen:

En las decisiones sobre las riquezas de la biodiversidad y de la naturaleza, las poblaciones tradicionales han sido prácticamente excluidas. La naturaleza ha sido y continúa siendo agredida. La tierra fue depredada. Las aguas están siendo tratadas como si fueran una mercancía negociable por las empresas, además de haber sido transformadas en un bien disputado por las grandes potencias. Un ejemplo muy importante en esta situación es la Amazonía (n 84).

Por ello sostienen que hay que:

Crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para toda la humanidad (n.475)

        El condenable atentado que dejó como saldo la muerte de 15 soldados en abril puso al descubierto el ilegal enrolamiento de menores de edad. Según la Defensoría del Pueblo de enero a marzo se han reportado la existencia de aproximadamente 120 casos, siendo la mayoría de ellos de la Región Ucayali.

        Como señaló la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) “Este hecho constituye un serio incumplimiento de las obligaciones del Estado Peruano, suscriptor del Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, que prohíbe el reclutamiento y la utilización de menores de 18 años en cualquier acto armado”.

        Al 15 de abril, la Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa ubicó a 39 de ellos en bases militares de Cuzco, Ayacucho, Huánuco y San Martín, y tramitó su vuelta a casa. Dicha Comisión invocó “a la Sociedad Civil hacer una labor de prevención, a efectos de que menores de edad no sean expuestos a estas acciones militares”.

Fuentes Consultadas:

Acta de Acuerdos de la Audiencia Pública “Crisis Económica Internacional: Propuesta Desde y Para las Mujeres”

Ardito W. “Hilaria Supa y Aldo Mariátegui” en Reflexiones Peruanas n. 249, abril 2009, reflexionesperuanas.blogspot.com

CNDDHH  Informe Anual 2008. El díficil camino hacia la Ciudadanía (Lima, abril 2009)

De Echave, J.; Diez, A., Huber, L.; Revesz, B.; Lanata J.R., Tanaka, M. Minería y Conflicto Social (Lima, IEP-CIPCA-CBC-CIES, 2009) p. 190 y 257

Giacosa, G. “Saga  de la Hilaria y el Aldo” en Perú 21 29 de abril del 2009

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP).GeoAmazonía: Perspectivas del Medio Ambiente en la Amazonía, 2009.

Tovar, C.  Boletín semanal Noticias IS

La Población Económicamente Activa de Lima es 4 millones 374 mil personas; de ellos:

• 43% están adecuadamente empleados (aquellos que laboran 35 ó más horas a la semana y reciben ingresos por encima de la canasta mínima de consumo, y aquellos que trabajan menos de 35 horas a la semana y no desean trabajar más horas).

• 49% subempleados (15% porque trabajan menos de 35 horas a la semana por causas involuntarias y 34% porque trabajan 35 ó más horas a la semana, pero sus ingresos son inferiores al valor de la canasta mínima de consumo familiar por perceptor de ingreso).

• 8% están desocupados, es decir, no trabajan pero buscan activamente algún trabajo.

• 72,1% de la PEA ocupada de Lima se encuentra trabajando en una micro y pequeña empresa según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Aunque los datos proporcionados por el INEI conservan aún la clasificación antigua de pequeña empresa que la considera como aquella que tiene hasta 50 trabajadores, cuando ahora son hasta 100. 

          Del total de ocupados en las MYPEs el 75,2% (2 millones 184 mil 600 personas) labora en empresas que producen servicios: comercio, restaurantes, hoteles, transportes-comunicaciones y otros servicios y el restante 24,8% (720 mil personas) en empresas que producen bienes en los sectores primario y secundario.

• 27,9% trabajan en medianas y grandes empresas.

FUENTE: CNDDHH

Pronunciamiento de los profesores de la Sección de Lingüística
de la Pontificia Universidad Católica del Perú

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Frente a la reciente publicación, en un diario local (Correo, 23/4/09), de apuntes personales redactados por la congresista Hilaria Supa durante un debate en la sede del Congreso, los profesores de la Sección de Lingüística de la Pontificia Universidad Católica del Perú expresamos a la opinión pública lo siguiente:

1. Existe una sustancial diferencia entre los apuntes personales, como un género especial de la lengua escrita, y otros textos de índole formal, que suponen un trabajo específico de elaboración y revisión. Esta distinción refleja la versatilidad de los redactores, quienes son capaces de distinguir entre diversas formas del código según el contexto en que la escritura se produce. Así, un redactor puede estar en condiciones de escribir a un amigo un mensaje electrónico en un registro coloquial y, minutos después, elaborar un artículo académico en un registro formal. Por tanto, desde el punto de vista lingüístico, es engañoso juzgar el manejo de la escritura que tiene un redactor sin tomar en cuenta esta distinción de géneros y registros.

2. Las faltas de ortografía y redacción contenidas en el texto fotografiado por Correo son expresión de la base fonológica y gramatical que la congresista Supa posee en virtud de su lengua materna, el quechua. Esta base genera, como es natural, una influencia en la adquisición del castellano como segunda lengua. Este tipo de influencia es común entre los bilingües quechua-castellano, quienes, en su gran mayoría, no han podido consolidar su aprendizaje del segundo idioma en condiciones apropiadas, como las que podría brindar la educación intercultural bilingüe, por razones políticas y económicas. Por tanto, no se puede juzgar la competencia en la escritura castellana de la congresista Supa como una dimensión independiente de su condición de quechuahablante, y hacerlo constituye una manipulación de los hechos lingüísticos.

3. Los problemas de ortografía propios de los bilingües, como el cambio de las vocales i/e y u/o y las faltas de concordancia, constituyen elementos importantes de un estereotipo acerca de los quechuahablantes que se ha generalizado en una sociedad jerarquizadora como la peruana. Este estereotipo consiste en pensar que dichos hablantes son, por necesidad, individuos carentes de inteligencia, cultura y educación, individuos que pueden ser calificados, en suma, de personas ignorantes. De este modo, a partir de las faltas mencionadas, Correo infiere que la congresista Supa posee las características descritas, lo que queda reflejado en el titular de portada "¡Qué nivel!" (Correo, 23/4/09) y en la columna de su director (24/4/09), en la que afirma: "Tocábamos el tema [de la escritura de la congresista] porque nos preocupa que el bajo nivel intelectual del Congreso dañe tanto a nuestra democracia". Queda claro, pues, el carácter discriminador de este procedimiento, basado en un estereotipo.

4. Otro hecho que es indispensable considerar en este caso reside en que las interferencias del sistema vocálico y de la sintaxis del quechua en el castellano constituyen dos de los rasgos lingüísticos más estigmatizados por los monolingües castellanos en el habla de los bilingües; es decir, estamos ante una de las características lingüísticas que con mayor frecuencia se utilizan para juzgar negativamente a dichos hablantes y discriminarlos. Quienes insisten en juicios como los que son materia de este pronunciamiento contribuyen a perpetuar una manifestación de violencia lingüística que se ha venido infligiendo en el Perú desde hace siglos contra los hablantes de lenguas indígenas cuando se expresan en castellano.

5. Todas las lenguas constituyen una reserva de sabiduría acumulada por generaciones de hablantes que han tenido una particular e irrepetible relación con el mundo. Desde el punto de vista lingüístico, valen tanto, pues, el quechua como el castellano, el asháninka como el inglés, el shipibo como el chino. Sin embargo, en nuestro país, la falta de manejo de un aspecto del castellano -la escritura- se entiende por algunos como una carencia inadmisible en alguien que ejerce un cargo de representación, mientras que gran parte de los hablantes del castellano no reconocen como un problema la ignorancia de aspectos básicos del quechua, del aimara y de las lenguas amazónicas. Desde nuestro punto de vista, esta percepción expresa falta de cultura y, a la vez, refleja la desigual distribución de espacios de poder no solo para las lenguas peruanas sino también para sus hablantes.

Como Pastores de las comunidades católicas en la Amazonía queremos dirigirnos a la opinión pública para expresar nuestra posición ante el paro de las comunidades nativas.

1. La región amazónica es rica en culturas milenarias y en biodiversidad. Ella es fuente de vida y esperanza para la humanidad. Por eso la consideramos uno de los mejores regalos de Dios porque el Perú es uno de los ocho países mega-diversos del planeta. La Amazonía tiene 31 de las 114 zonas de vida o ecosistemas mundiales, 95 % de los bosques del País y un importante potencial de recurso hídrico e hidroenergético. Este hecho nos exige a todos los peruanos y peruanas la responsabilidad de “cultivar la tierra y cuidarla” (Gen. 2) para bien nuestro y de las generaciones futuras.

2. Por eso como anunciadores “de la vida, queremos insistir que, en las intervenciones sobre los recursos naturales, no predominen los intereses de grupos que arrasan irracionalmente las fuentes de la vida, en perjuicio de naciones enteras y de la propia humanidad” (DA 471).

3. Desde esta perspectiva constatamos cómo, en nombre de un sesgado concepto de desarrollo, el Estado permite la deforestación de grandes extensiones de bosques primarios a favor de empresas nacionales y transnacionales para la inversión en plantaciones aceiteras, caña de azúcar y otros.

4. Para nadie es desconocida la contaminación de los ríos con el plomo y otros metales pesados como efecto de una actividad minera (formal e informal) y la extracción de petróleo, de manera irresponsable. Somos testigos, además, de la tala indiscriminada de la madera sin ningún tipo de control.

5. Podemos afirmar que no se atiende el clamor de las poblaciones indígenas y ribereñas que desean un desarrollo integral, desconociendo el Estado el uso y ocupación de esas tierras por generaciones. En la práctica no se ha tomado en cuenta el derecho de los pueblos amazónicos a ser escuchados, como lo indica la Constitución Política del Estado y el Informe de la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios de la OIT, publicado en febrero del 2009. En dicho Informe se insta al Gobierno Peruano a avanzar de inmediato en el diseño de mecanismos apropiados de participación de los pueblos indígenas y lo exhorta a consultarles antes de la adopción de medidas que los afecten directa o indirectamente.

6. Debemos expresar que “la Iglesia… valora especialmente a los indígenas por su respeto a la naturaleza y el amor a la madre tierra como fuente de alimento, casa común y altar del compartir humano” (DA 472).

7. Acontecimientos como el que estamos viviendo actualmente en la amazonía nos expresan la pretensión de disponer, de manera inhumana y cruel, de las posesiones de las poblaciones ribereñas y amazónicas por no tener, en su propio País, el amparo legal necesario para defender sus justos reclamos. De esta manera se les condena al desarraigo de sus tierras y a ser asalariados en la siembra de la caña de azúcar, la palma aceitera y en las explotaciones mineras y de hidrocarburos.

8. Las normas legales que el Estado ha promulgado en el 2008 (especialmente dos Leyes y siete Decretos Legislativos) no aportan al desarrollo integral de la población amazónica. Por el contrario surgen serias amenazas de mayor pobreza en la región.

9. No queremos violencia. Nos gustaría no apoyar el paro actual. Pero nos da la impresión de que el gobierno y el Congreso no muestran la intención de dialogar y buscar soluciones. Y así comprendemos la desesperación de las poblaciones indígenas y la creencia cada vez más extendida de que se compra a algunos de sus líderes para provocar la desunión y hacer ineficaces sus justos reclamos.
Esta desesperación y desunión hace que en su necesidad de ser escuchados acepten el apoyo de algunas asociaciones y grupos politizados que aprovechan la oportunidad para presentar otras peticiones o reclamos que de ninguna manera nosotros apoyamos.

10. Ante este delicado panorama invocamos al Señor Presidente Constitucional de la República, la derogatoria de dichos dispositivos legales y contribuya a la reformulación de su contenido con la participación de las poblaciones indígenas. Así mismo invocamos a estas poblaciones amazónicas y a sus líderes a unirse para buscar juntos el Bien Común. Consideramos necesaria una Mesa de auténtico Diálogo conformada por todos los actores sociales para la solución pacífica y armoniosa del conflicto creado.

A manera de conclusión, reafirmamos con los Obispos de América Latina, la necesidad de “buscar un modelo de desarrollo alternativo, integral y solidario, basado en una ética que incluya la responsabilidad por una auténtica ecología humana y natural, que se fundamente en el Evangelio de la justicia, la solidaridad y en el destino universal de los bienes…” (DA 474c).

5 de mayo del 2009

Mons. José Luis Astigarraga, C.P.
Obispo del Vicariato de Yurimaguas
Mons. Santiago García de la Rasilla, S.J
Obispo del Vicariato de Jaén
Mons. Gaetano Galbusera, S.D.B.
Obispo del Vicariato de Pucallpa
Mons. Julián García, O.S.A.
Obispo del Vicariato de Iquitos
Mons. Alberto Campos, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San José de Amazonas
Mons. Gerardo Zerdin, O.F.M.
Obispo del Vicariato de San Ramón
Mons. Francisco González, O.P.
Obispo del Vicariato de Puerto Maldonado
Mons. Juan Tomás Oliver, O.F.M.
Obispo del Vicariato de Requenan

Humberto Campodónico: Ricos y pobres globales

El economista Anwar Shaikh, de la Universidad New School de Nueva York, acaba de proponer una nueva forma de medición de los niveles de desarrollo. Se trata del Ingreso de las Vastas Mayorías, que se propone como un instrumento adicional a los ya existentes, que son el PBI per cápita y el Índice de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas (PNUD).

Dice el profesor Shaikh que el PBI per cápita (que se calcula dividiendo el PBI de un país entre su número de habitantes) es un promedio simple que no toma en cuenta las desigualdades en la distribución del ingreso (1). Así, si un país tiene US$ 4,500 de PBI per cápita (US$ 375/mes) habrá quienes ganen 10 o 20 veces más esa cantidad y quienes no reciban ni la quinta parte.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) lo corrige en parte, ya que combina el PBI per cápita con la esperanza de vida y el grado de educación de las personas. El PNUD publica este importante indicador en muchos países, entre ellos el Perú (ver Informe de Desarrollo Humano, www.pnud.org.pe).

Shaikh ha elaborado un Índice que tome en cuenta el PBI per cápita a la vez que la distribución del ingreso. Por ejemplo, si se tiene a 5 personas con ingresos de 5, 10, 15, 20 y 50 dólares, respectivamente, tendremos que el ingreso per cápita promedio es de 20 dólares (100 dólares entre 5).

Pero esto esconde que para el 80% de la población (las 4 personas que ganan 5, 10, 15 y 20 dólares), el ingreso promedio es solo 12.5 dólares (50 dólares entre 4). Pues bien, el Índice de Ingreso de las Vastas Mayorías (IVM) hace exactamente eso: calcula el ingreso promedio del 80% de la población más pobre de los países, utilizando la distribución del ingreso (coeficiente Gini) junto al PBI per cápita.

Así, Shaikh calcula el IVM global. Veamos. En la columna 1 está el Coeficiente de Gini, que va de 0 a 100 (mientras más alto el coeficiente, mayor la desigualdad). En la columna 2 está el Ingreso Nacional Neto per cápita, cercano al PBI per cápita. En la columna 3 está el IVM (para el 80% más pobre) y en la columna 4 tenemos al 20% más rico, denominado Minoría con Ingresos Abundantes (MIA). En la columna 5 se divide el ingreso de la minoría entre el IVM para conocer la distancia entre yEllos.

Año 2000: Coeficiente de Gini e Índice de las Vastas Mayorías (en US$ millones)

Vemos que en Chile la desigualdad es muy alta (58.2) y que el INN per cápita es de US$ 9,512. Pero el IVM es bastante más bajo (US$ 4,371), mientras que el MIA es de US$ 30,077, 6.88 veces más que el IVM. En el otro extremo está la República Checa, con un Gini de 25.9 Nótese que su INN per cápita es parecido al de Chile, pero el IVM de los checos es casi el doble del de Chile, motivo por el cual la distancia entre los ingresos de los ricos y pobres checos es de solo 2.26 veces.

Se pueden hacer otras comparaciones, como que el IVM de los pobres en Chile es el doble del de los peruanos, mientras que el MIA de los ricos en Chile es 3 veces el de los peruanos. O, también, que la MIA de la India gana menos que la MIA peruana, pero no se debe olvidar que la población de la India es 37 veces superior a la peruana.

Estaremos a la espera de los cálculos que haga Anwar Shaikh tomando en cuenta estos años de crisis. También sería bueno que el ministro Carranza tome en cuenta el IVM, porque "se llena la boca" diciendo que en el Perú aumenta el PBI per cápita. Y ya sabemos qué es lo que se esconde con eso.

(1) Ver el informe completo en: http://newschool.edu/cepa/publications/policynotes/VMI%20Policy%20Note%2.....
(2) El profesor Anwar Shaikh dictará un seminario en Lima del 13 al 15 de mayo, invitado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Marcos. Shaikh es autor de varios libros sobre la teoría de la acumulación y del valor y es un crítico de los enfoques ortodoxos del comercio internacional. Ver detalle en: http://campusvirtualfce.unmsm.edu.pe.

27/04/2009 La República

Humberto Campodónico: Se abre más la boca del cocodrilo

"El INEI acaba de colgar en su portal internet las Cuentas Nacionales del 2007. Y los resultados confirman que el crecimiento económico de 45% del PBI del 2002 al 2007 ha continuado concentrando el ingreso nacional.
En efecto, en ese periodo, los salarios disminuyeron del 25% del PBI en el 2002 (cuando comienza el boom) al 21.9% del PBI en el 2006, cifra que no mejoró en el 2007. O sea que los salarios han perdido 3.1% del PBI en estos años.
El exacto inverso le pasó al excedente de explotación (1), que del 2002 al 2006 aumentó de 58.7% a 61.9% del PBI y el 2007 llegó a 62.1%. La ganancia del excedente de explotación fue 3.4% del PBI. A esto le hemos llamado las tijeras de la desigualdad o 'boca de cocodrilo' (ver Salarios y PBI 2006, www.cristaldemira.com, 12/11/2007).
En valor monetario, la pérdida salarial es inmensa: el PBI del 2007 fue S/. 410,939 millones. Con el 30.1% (como en 1991) los trabajadores habrían recibido S/. 123,700 millones. En cambio, con el 21.9% del 2007 sólo reciben S/. 90,000 millones, es decir, S/. 33,700 millones menos. Pero los empresarios en el 2007 reciben S/. 38,600 millones más en el 2007 que en el 2001 por su 3.4% del PBI adicional.
Esto no sucede en otros países de América Latina, donde el crecimiento económico aumenta la participación de la masa salarial en el PBI. En Argentina y Brasil, este aumento -que es sinónimo de mayor igualdad- es un objetivo de la política económica.
Pero en el Perú la participación de los salarios en el PBI viene bajando desde hace 30 años. El 'gran hachazo' lo dio la hiperinflación del primer gobierno de García: los salarios quedaron en sólo 32% del PBI. Después, el fujishock de agosto de 1990 produjo otro agudo bajón de 1991 a 1993.
Durante los años de crecimiento económico se prometió a la población que ya venía el 'chorreo', que había que ser 'pacientes y tolerantes'. Mientras tanto, se mantenían invariables las leyes antilaborales promulgadas después del autogolpe del 5 de abril del 92: allí nacieron los services, se anularon muchos derechos laborales y se hizo casi imposible la sindicalización.
Esta legislación proempresarial continuó bajo Toledo y ahora, el Decreto Legislativo 1086 (Ley Mypes) del 2008 amplía la definición de pequeña empresa, la misma que tiene un régimen laboral más 'flexible': así, una gran cantidad de trabajadores ya no percibe 14 sueldos y se recorta la gratificación y las vacaciones. A lo que se agrega que no se quiere aplicar el gatillo del salario mínimo vital de apenas S/. 27/mes ni, menos, elevarlo de S/. 550 a 750/mes para reactivar la economía, como pide la CGTP.
¿Qué se puede esperar? Peor de lo mismo: en el 2008 continuará la concentración del ingreso. La consultora Gerens nos dice que la rentabilidad empresarial fue 16.6% en el 2008 (muy superior a los otros países de la región), mientras que los salarios siguieron estancados. En el 2009, con la crisis económica internacional han comenzado los despidos masivos y no hay seguro de desempleo para los 200,000 desempleados de mayo-junio que anuncia el propio García.

Alberto Adrianzén Merino: "La otra mitad y la democracia"

"Por esas cosas extrañas que tiene la vida y que muchas veces son producto del azar, la negativa de la Comisión de Constitución del Congreso de aprobar un proyecto de ley que planteaba la alternancia de género -dentro de la cuota que hoy tienen las mujeres- en las listas para las elecciones generales, regionales y municipales, coincidió con este ataque, realmente miserable y racista, del diario Correo y de su director Aldo Mariátegui, contra la congresista nacionalista Hilaria Supa.
Si bien considero que aquellos que votaron contra dicho proyecto de ley están bastante lejos de las posiciones racistas del director de Correo (algunos son mis amigos), no deja de llamar la atención que ambas agresiones, distintas obviamente, tengan un mismo destinatario: el género femenino. En el caso de Correo y Mariátegui una congresista nacionalista y popular; en el de la Comisión de Constitución: las mujeres en general. Porque si algo demuestra la vida de la congresista Hilaria Supa, además de los prejuicios racistas y machistas, es el nivel de opresión y marginación que aún existe contra las mujeres y los sectores más pobres de nuestra sociedad, sobre todo si son andinos o amazónicos; como también la necesidad de promover, mediante un sistema de cuotas, su participación en la política y en la vida pública.
La congresista Supa no sólo representa a la mayoría de mujeres indígenas, representa también a eso otro rostro que muchos se niegan a reconocer y que está asociado, justamente, a su condición de mujer: la pobreza. Si uno dibuja, digamos 'realistamente', a la pobreza peruana (y creo que a la de todos los países andinos) ésta tendría el rostro de Hilaria Supa: mujer, andina, rural, quechuablante, madre adolescente (como lo fue ella) y analfabeta en lengua castellana.
El ataque contra esta congresista, es también contra el mundo popular porque es una amenaza para una minoría; pero también contra aquellos que han luchado y luchan toda una vida, como la propia Hilaria Supa, por los derechos ciudadanos y el de todas las mujeres. No es extraño, por ello, que Aldo Mariátegui vuelva a plantear en esa misma columna el voto facultativo que no es otra cosa que la marginación política de los pobres y el establecimiento, en la práctica, de una democracia censitaria y aún más elitista.
Por eso llama la atención, por otro lado, que se diga que la aprobación del proyecto de ley sobre la alternancia de género -insisto: al interior de la cuota que hoy tienen las mujeres- habría significado el establecimiento de un 'sistema totalitario y medio fascistoide' en el que 'no se respetaría la libertad de elegir' (Perú 21), cuando los que viven en un sistema opresivo, carente de libertad y de oportunidades para elegir, son, justamente, mujeres como Hilaria Supa.
En realidad, estos días se han expresado con mucha fuerza dos comportamientos que, junto con otros, no nos permiten vivir en una sociedad democrática: el racismo, por un lado, el machismo, por el otro; o, mejor dicho, un pensamiento -que es también una práctica cotidiana en nuestro país- que cree que la mejor sociedad es aquella que más segrega y discrimina a sus integrantes, sobre todo si éstos son pobres, indígenas y mujeres, como lo demuestra el regreso con mucha fuerza del racismo, pero también el de un estilo de vida de las elites que consiste en autoexcluirse de los espacios públicos y construir verdaderos guetos sociales como los que hoy existen.
El argentino Natalio Botana dice que 'representar' es 'hacer presente una cosa'. Por eso, la 'representación' de Hilaria Supa molesta tanto a determinados sectores. Les recuerda 'una cosa' que ellos quieren esconder: la opresión contra los pobres y las mujeres. Y si bien en estos días se quiere que nos olvidemos de las víctimas de la violencia (por eso a la derecha autoritaria le molesta tanto que los jueces hayan dicho que la víctimas de La Cantuta y Barrios Altos no eran senderistas), hoy estos mismos sectores quieren que escondamos a personas como Hilaria Supa porque representan un mundo que nos permite 'descubrir' que otros (incluyo a los machistas) tienen privilegios y comodidades a costa de la pobreza de una mayoría y de la marginación y dominación de la mujer.
Racismo y machismo no son lo mismo, pero el 'asunto Supa', como podemos llamarlo, y también la negativa de la Comisión de Constitución a la alternancia de género en las listas, nos plantean la necesidad de una política que sancione el racismo y promueva la participación política de estos sectores discriminados (ahí el sistema de cuotas es una alternativa), pero también la urgencia de que todos aquellos que hoy son marginados, excluidos y oprimidos por razones diversas, se organicen y estén presentes en la política. Sólo así, creo, tendremos una democracia representativa y participativa para todas y todos en nuestro país".